La Justicia Transicional en Colombia: ¿generando víctimas?

En Colombia fueron varios los sucesos del 2017, que con sus resultados confirmaron, una vez más, que no ha sido un camino fácil en lo que a la firma e implementación de la Paz y justicia transicional se refiere, y, por ende, de los integrantes que de parte y parte le apostaron a que el acuerdo concertado pasara del papel a la realidad.

 Y es que todo ello ha ocurrido, si tenemos en cuenta que dichas buenas intenciones han sido intervenidas por el aparato legislativo y por el Tribunal Constitucional Colombiano, siendo así que, los grandes cambios han venido en razón de los pronunciamientos y deliberaciones de estas instituciones del poder.

Empezando con la Corte Constitucional, sus decisiones y comunicados, en especial el Nº 55 de 2017, los cambios realizados fueron sustanciales y notorios, tanto, como para dejar el descontento sembrado en las víctimas como en las FARC, e incluso, hasta en la academia y defensores de Derechos Humanos.

Si nos vamos a analizar dicho comunicado, se observarán algunos puntos clave que cambiaron dramáticamente el rumbo de la Justicia Transicional, en contexto, la “Justicia Especial para la Paz”, en adelante -JEP-, ello, bien por haber realizado una modificación importante, o bien, por no haberla hecho.

El primero, correspondiente a la responsabilidad de mando (Art. 24), un punto neurálgico del conflicto armado, que pudo haber sido discutido por su gran número de requisitos, los cuales hacen muy poco posible endilgar la responsabilidad de los miembros de la fuerza pública al mando, comoquiera que, al ser cuatro las condiciones que deben reunirse de “manera concurrente” se deja muy limitado el encuadre en una responsabilidad que podría ser asignada por el cumplimiento de alguno de los requisitos, lo que a mi parecer, se constituye como una norma muy benévola a la hora de encontrar responsables por el cometimiento de conductas punibles imputables a los superiores jerárquicos. ¿Pudo haber hecho la Corte una mejora a esta norma? Definitivamente, considero que de haberse hecho un ahondamiento, hubiese sido posible la creación de una norma para situaciones reales en un conflicto real, como lo fue el conflicto armado, toda vez que uno de los elementos clave de la Justicia Transicional es el enjuiciamiento a los perpetradores de los crímenes cometidos[1], y en tratándose de conductas originadas desde instituciones Estatales, sería pieza maestra para iniciar la recuperación de la confianza en ellas, así como también de los valores constitucionales y sobretodo, la retribución a los más afectados: las víctimas.

Continuando con un segundo aspecto que pareciera de lejos muy insignificante, sin embargo, resulta muy importante mencionar, y es el atinente a los terceros civiles y agentes del Estado en calidad de no combatientes en la JEP, y a su posible juzgamiento bajo sometimiento voluntario ante esta Jurisdicción Especial (Art. 16 AL 01/17), ahora, ¿qué implicaciones tiene este cambio? Pues bien, trae  unas muy serias en lo que a tema de celeridad y agilidad procesal se refiere, por la siguiente razón: la modificación que hizo la Corte fue eliminar la obligatoriedad de la comparecencia de estos sujetos, para convertirla en voluntaria, lo que significa que, de no ser expresamente manifestada la intención de someterse a la JEP, quedarán sometidos a un Juzgamiento bajo un proceso en justicia ordinaria[2], justicia, que como sabemos, está a punto de colapsar y marcha a paso muy lento, casi nulo, justicia, a la cual tampoco se le hicieron modificaciones pertinentes para garantizar la rapidez en estos procesos,  que se sumarán a los anaqueles de los juzgados, constituyéndose en sí un motivo para no conocer una condena hasta tanto no se haya depurado el sistema judicial, lo que para las víctimas y demás partes del conflicto significaría un retroceso en el logro alcanzado a la hora de entregar resultados y condenas por la búsqueda de la verdad en razón de las violaciones a los Derechos Humanos. Sería pertinente agregar que además de retroceso es una gran contradicción, pues una de las tantas causas del origen de la JEP fue precisamente la ineficiencia del aparato judicial actual, y es inexplicable cómo la Corte Constitucional realiza esta maniobra, dejando por fuera la posibilidad de tener procesos menos dilatados y más efectivos.

Es un sentir colectivo el que se percibe en cuanto a que el trabajo de la Corte pudo ser más disciplinado y en pro del proceso de paz, pues con los cambios realizados han dejado un poco más lejano el objetivo propuesto en el momento de la concertación de este conflicto, circunstancia que puede que por ahora no se note, pues no ha empezado a marchar la máquina, pero en el camino se empezarán a notar las consecuencias de estas decisiones.

Si miramos ahora el tema referente a la participación del Congreso de la República en el conflicto armado, podremos aproximarnos a decir que la decisiones más polémicas tomadas por nuestro aparato legislativo, fueron, por un lado, modificar la Ley Estatutaria de la JEP y por el otro, dejar sin piso al Acto Legislativo que creaba las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, cuya naturaleza iría más allá de lo esencial por ser el medio a través del cual los territorios en conflicto tendrían participación política como medida de “discriminación positiva”, de manera que pudiesen ser escuchados como víctimas, pero a la vez participar en los debates de su interés.

El cambio en la Ley Estatutaria de la JEP fue claro y desventajoso, al estipular inhabilidades para ser posesionado como magistrado, excluyendo a aquellas personas que hayan gestionado o representado intereses privados en contra del Estado en materia de reclamos por violaciones a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario o al Derecho Penal Internacional o pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido tal representación dentro de los cinco años anteriores a su posesión, ello quiere decir que, ninguna persona que haya pertenecido como abogado defensor en una ONG, ante el Estado, un Tribunal Internacional o relacionado, no puede pertenecer a dicha Jurisdicción, condición que levanta a cualquiera de su silla y hace pensar en lo irónico que resulta, que haber ejercido su profesión conforme al Estado de Derecho y fiel a los principios de la abogacía y los Derechos Humanos, lo hace incapaz de participar en un escenario para el que está 100% preparado.

Ahora, en cuanto a lo correspondiente a las Circunscripciones Especiales de Paz, fue un error de magnitudes astronómicas, por un simple motivo: si uno de los pilares de la Justicia Transicional es la reparación y la dignificación de las víctimas [3], ¿sería posible lograr tal propósito de una mejor manera que de esta? Se sabe que el Congreso nunca ha sido el Rey Salomón del Estado Colombiano, pero estuvo en sus manos esa delicada y potente decisión, sin embargo, lo que se puede notar es que este Acto Legislativo ha quedado en el peor lugar, en un limbo político legal, y con él, los millones de víctimas que apostaban a que con esta participación por fin serían escuchados abiertamente.

Antes de sacar una conclusión de todo este largo trayecto que ha recorrido la Justicia Transicional antes de nacer, es un buen momento para mencionar que existen unos delitos que quedarán totalmente por fuera del beneficio de la JEP, como los son los delitos sexuales contra niños, niñas o adolescentes, y que, hay otros por ejemplo, el asesinato a líderes defensores de Derechos Humanos, que parecen no importar, pero que cuentan realmente por tener un origen en el conflicto, sin embargo, muy poco se ha hablado de ellos en la mesa.

A esta altura del tiempo, ya debería haber una definición del futuro que se prevé para todo lo pactado en La Habana, sin embargo podría afirmarse que muchas jugadas en este proceso han sido más en favor de los guerrilleros, que en beneficio de las víctimas, las más azotadas por el conflicto, que necesitan ser escuchadas por todos y tomar liderazgo en un momento de la historia que les pertenece a ellas,  sin embargo, es muy probable que existan muchos sinsabores, porque todos estos cambios y modificaciones hechos y omitidos, hacen parecer que aún se les sigue dando la espalda.

[1] VAN ZYL, Paul. Promoting Transitional Justice in Post-Conflict Societies. Alan Bryden y Heiner Hänggi (eds.) DCAF, Ginebra, 2005.

[2] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Comunicado Nº 55 de 2017 (14, noviembre, 2017). Bogotá, D.C., 2017. p. 20-23.

[3] BERNAL SARMIENTO, Camilo. La ley estatutaria de la JEP: ¿una ley “mejorada [en línea]. Razón Pública. Bogotá. (4 de diciembre de 2017), párr. 3. [Consultado: 10 de enero de 2018]. Disponible en Internet: https://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/10739-la-ley-estatutaria-de-la-jep-una-ley-%E2%80%9Cmejorada%E2%80%9D.html

Referencias/ References

 

 

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